Palma africana: no hay minas con tanto oro

Un reciente informe del gremio de los cultivadores de palma africana señala su interés en dotar con un sello distintivo de calidad ambiental los cultivos y productos de la palma africana, como el aceite y el biodiesel que exportan a la Unión Europea. El anuncio se produjo después de que el diario The New York Times publicara un artículo (15-ene-2008) en el que se anuncia un posible veto a la importación de estos productos debido al daño ambiental que producen.

Muchos estudios han desacreditado lo que, según los productores de biocombustibles, son las ganancias ambientales derivadas de utilizarlos, como la supuesta reducción de los gases de efecto invernadero logrado al consumir menos combustibles de origen fósil. La siembra de cereales –continúa el artículo– para convertirlos en biocombustibles puede resultar en un considerable daño ambiental. No es solamente la tala de vegetación nativa para sembrar granos, sino los combustibles fósiles como el diesel utilizado por los tractores empleados para cosechar. Estos cultivos demandan también fertilizantes nitrogenados para cuya producción se utiliza mayoritariamente gas natural y enormes cantidades de agua.

Ya la deforestación y desecación de turberas, -ecosistemas formados por la acumulación de materia orgánica vegetal, con gran capacidad para retener humedad- en el sudeste asiático, principalmente para plantar palma, totaliza hasta el 8% de la emisión global anual de dióxido de carbono, dijo Adrian Bebb del grupo ecologista Amigos de la Tierra.

En Indonesia, según el informe del New York Times, se han talado hasta hoy más de 18 millones de hectáreas de bosque para sembrar palma africana. Grupos ambientales han dicho que estas plantaciones están poniendo en peligro especies silvestres como el orangután y el tigre de Sumatra, además de ejercer una fuerte presión sobre poblaciones indígenas cuya subsistencia depende de estos bosques.

La Real Sociedad, una academia científica de la Gran Bretaña dijo que los requisitos para usar un cierto porcentaje de biocombustibles no son suficientes y que en cambio deberían existir metas específicas para la reducción de las emisiones.

Para la Federación Nacional de Biocombustibles la razón del veto es “la vieja rivalidad entre los cultivadores de soya, especialmente de Estados Unidos, y los de palma de los países en desarrollo, como los asiáticos, africanos y latinoamericanos que comenzó a tener consecuencias en el mercado mundial de los biocombustibles.”

Para Fedecombustibles no hay motivo de alarma ya que “Colombia está preparada para estas situaciones” y más que eso “pareciera ir un paso adelante sobre un nuevo mandato que impondría la Unión Europea.” Reconoce también la Federación que tal medida “va en contra de las prácticas utilizadas en Indonesia para la expansión del área cultivada con palma, que paso de 2 y medio a 6 millones de hectáreas en apenas diez años (1995-2004), proceso que tuvo como consecuencia la destrucción de selvas, altas emisiones de CO2, y el desplazamiento de la población rural”.

Aunque existe una gran variedad de sellos y certificaciones, estos son apenas una garantía parcial; no existe ninguno que certifique que los productos que se importan y consumen en Europa cumplen con los estándares internacionales que garantizan los derechos fundamentales de las personas que trabajan o habitan en las zonas de producción. Ninguno garantiza que las tierras en las que se cultiva palma hayan sido adquiridas legítimamente, así que ponerle un sello a los productos que venden será apenas un adorno que en nada remediará los daños sociales y ambientales derivados del cultivo intensivo de palma africana, a menos que todos, gobierno, cultivadores y procesadores hagan un real esfuerzo en ese sentido.

Durante el segundo semestre del 2007 el Ministerio de Agricultura ordenó restituir 18000 hectáreas a las comunidades afrocolombianas del sur del país, expulsados de ellas por grupos armados ilegales. No es difícil suponer que estas tierras, ya sembradas con palma, tendrán que ser vendidas a precios irrisorios a quienes hoy las ocupan a menos que sus dueños, campesinos, dispongan de gruesas sumas para pagar las mejoras, “venta” que constituiría una “legalización” de la propiedad de esas tierras.

A los cuestionamientos ambientales y al desplazamiento que ocasiona el cultivo intensivo de palma se suma otro, este mucho más grave: la afectación del derecho a la alimentación de un grueso número de personas, lo que ha propiciado recientes y enérgicos pronunciamientos de especialistas y organizaciones, entre ellos Jean Ziegler, Relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación y autor del libro L’empire de la honte (El imperio de la vergüenza) (2007).

No podemos olvidar que en el mundo 854 millones de seres humanos padecen desnutrición grave, un niño menor de 10 años muere de hambre cada 5 segundos y cada 4 minutos alguien pierde la vista por carencia de vitamina A.

La CBC, (Coordination Belge pour la Colombie) contrató con HREV (Human Rights Everywhere) un estudio titulado “El flujo del aceite de palma Colombia-Bélgica/Europa, Acercamiento desde una perspectiva de derechos humanos” firmado por Fidel Mingorance, en el cual se hace un detallado análisis de las implicaciones de la producción de biocombustibles en Colombia. Algunos apartes de este documento, por su importancia, se transcriben literalmente.

Esta publicación, orientada hacia el público Belga, pone al descubierto prácticas comerciales relacionadas con la producción de biocombustibles que son poco conocidas pero que tienen una fuerte influencia sobre las poblaciones y tierras que se aspira a mejorar mediante el cultivo de palma. Muestra como la responsabilidad no recae únicamente en el gobierno y los cultivadores colombianos, también en los compradores europeos de tales productos, que ignoran las secuelas de muerte, destrucción y desplazamiento que su cultivo y producción originan en nuestros países. Esta es la verdadera razón para la prohibición y la exigencia del sello de calidad, un tardío acto de contrición de quienes promueven y financian estos cultivos en África, Asia y Latinoamérica.

Colombia exporta principalmente aceite crudo, 71% de las exportaciones en 2005, ya que es más barato refinar el aceite en Europa que en Colombia. Refinar una tonelada en Colombia cuesta US$60 mientras en Europa cuesta un poco menos de 40 dólares.

COLOMBIA: UN POCO DE HISTORIA

“En Colombia, los impulsores gubernamentales del modelo agroindustrial de grandes plantaciones y las áreas de marketing y publicidad de las grandes empresas palmeras afirman que con la palma aceitera todo el mundo gana. Ganan las finanzas del Estado, ganan los empresarios y gana el conjunto de la sociedad, ya que explican que el cultivo trae grandes beneficios sociales, la paz y el desarrollo nacional, además de beneficiar la salud de los consumidores finales y el clima del planeta.”

En julio de 2005 vino al país el ex primer ministro de Malasia, Mahatir bin Mohamad, quien cuando llegó al poder en 1981 encontró, según el entonces Embajador Sergio Naranjo, “una nación azotada por el narcotráfico y la guerrilla, con tasas de crecimiento pequeñas, con índices de pobreza del 50% y a finales de 2003, al finalizar su mandato, los índices de pobreza eran del 6%, con tasas de exportación de $127 mil millones de dólares y tasas de crecimiento superiores al 7% en los últimos años.”

Destacaba el Embajador Naranjo “la importancia de aprender de Malasia cómo acabaron ellos con la guerrilla por medio de la autoridad y la disciplina con la aplicación de una estrategia que comprendía implementar plantaciones de 5 mil hectáreas con 500 familias en los focos de alta presencia guerrillera. Estas familias trabajaban la tierra, registraban ingresos y disfrutaban de un desarrollo económico y social por lo cual luchaban de mano con las instituciones para derrotar a las guerrillas.” Casi 3 años después, ni se ha acabado la guerrilla, ni los campesinos se han hecho ricos y la paz sigue siendo un espejismo.

La producción de biodiesel según el ex-embajador, “cobra una importancia estratégica para Colombia por los procesos de paz, la sustitución de cultivos y los procesos de reinserción a futuro.”

Álvaro Uribe dijo por su parte que “Consideramos que es muy importante establecer un consejo, un grupo de la comunidad empresarial de Colombia y de Malasia, para lograr fortalecer más estos vínculos.” Y agregó que “Colombia coincide con Malasia en muchas de sus prioridades, entre las cuales se encuentra obtener un alto índice de desarrollo en las zonas rurales.”

En ese sentido, Uribe recordó las posibilidades de inversión en nuestro país en renglones del agro tan importantes para ambas naciones, como por ejemplo el cultivo de palma de aceite. “Usted, -Mahatir bin Mohamad- nos explicaba, por ejemplo, que su país tiene un millón de hectáreas sembradas en palma africana, palma de aceite, y quizá no tienen más tierra para poder expandir estas plantaciones. Colombia tiene cerca de 300 mil hectáreas sembradas, pero es un país lleno de oportunidades. Si uno mira este país en su conjunto, uno ve perfectamente que existen muchísimas posibilidades de sembrar seis millones de hectáreas más de palma africana” subrayó el Mandatario.

Disponemos de 6 millones de hectáreas para sembrar, “sin tocar un solo árbol ni una hectárea de tierras de cultivo” dijo también el Ministro de Agricultura Felipe Arias. Si las 300.000 hectáreas hoy cultivadas han provocado la cantidad de asesinatos y desplazamientos que motivan la exigencia europea y la vinculación a un proceso judicial de un importante número de empresarios palmeros, resulta inimaginable la feroz competencia que se desataría por la posesión de los 3.5 millones de hectáreas más fértiles, en las que no es necesario invertir mucho en adecuación, infraestructura, agua, drenaje, fertilizantes, etc., y por la posesión de los 2.5 millones menos rentables, además del deterioro de los suelos, la contaminación de aguas y la expulsión masiva de campesinos que una siembra como la que sueñan el Presidente y sus amigos ocasionaría.

El panorama en Malasia, ahora se reconoce, no es en realidad tan halagüeño como dicen. Son bien conocidos los efectos devastadores que ha tenido allí el cultivo intensivo de palma africana; la diversidad agrícola y la calidad del agua han disminuido como consecuencia del uso de fertilizantes, pesticidas y maquinaria. El cultivo intensivo de palma africana ocasionó en ese país el 87% de la deforestación ocurrida entre el año 1985 y el 2000, trasformando así el “sueño verde” en una verdadera pesadilla ambiental.

Carlos Murgas Guerrero, ex-ministro de Agricultura y asesor del Presidente Pastrana inspirado por el viaje que como ministro hizo a Malasia, introdujo las alianzas estratégicas del modelo malayo que hoy se aplican en Colombia, modelo de cuyos resultados hoy se avergüenza la Unión Europea.

“Este modelo se puede generalizar en un esquema de 5 fases:

1. Arremetida o conquista paramilitar.
2. Apropiación ilegal de las tierras. Robo o compra con intimidación armada.
3. Sembrado de palma.
4. Complejo palmero = Plantaciones + Extractoras.
5a. Flujo del aceite hacia el mercado nacional y/o internacional.
5b. Dominio territorial.

Esta caracterización es una síntesis de los diferentes procesos que se vienen desarrollando en las zonas palmeras del país, pero es particularmente aplicable en su totalidad (de 1 a 5) a las nuevas plantaciones desarrolladas desde principios de la presente década”.

“En procesos anteriores como en Santander o Tumaco, el modelo se ha iniciado con complejos palmeros ya establecidos, siendo los empresarios palmeros los que conformaron o invitaron y financiaron a grupos paramilitares como cuerpos de seguridad privada frente a la guerrilla. En cambio en Casanare, las plantaciones de palma se expandieron al mismo ritmo que el accionar paramilitar, solapándose ambas expansiones. El caso que se ajusta perfectamente al modelo corresponde a las plantaciones del Chocó donde fueron los propios paramilitares los que invitaron a los empresarios palmeros a instalarse en sus zonas de control”

Al respecto dice Carlos Daniel Merlano, uno de los palmicultores vinculados al proceso en entrevista concedida a EL ESPECTADOR: “A finales de los años 90 enfrentamientos armados entre las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, convirtieron a la zona en un campo de batalla generando desplazamiento. Justo en esa zona llegaron los palmeros y vincularon a la comunidad. El único interés que ha movido a los palmeros –dijo- es hacer de esta región un lugar próspero con los cultivos de palma de aceite y su producto final, el biodiesel” La Corte Constitucional derogó la ley 1021 del 2006, mejor conocida como ley forestal, debido a que no se ilustró sobre sus alcances a las comunidades de las zonas madereras y de cultivo de palma africana.

De otra parte, los cultivos de rendimiento tardío, como la palma africana, requieren un alto nivel de inversión para preparar y mantener los cultivos durante los primeros cuatro o cinco años, durante los cuales son improductivos. “Los campesinos no suelen tener recursos suficientes para sostenerse hasta que lleguen las primeras cosechas. El número de pequeños palmicultores ha ido en aumento debido a que el costo de los primeros años está siendo cubierto mediante recursos estatales, lo que a la postre los convierte en deudores que por fuerza deben integrase a otras alianzas productivas con las grandes empresas que consiguen así un mercado cautivo.

Entre tales grandes empresas aparecen, entre muchas otras, Unilever, Cargill, HJ Heinz, Nestlé, Colgate Palmolive, L’Oreal, Avon, Max Factor, etc, además de numerosas empresas con intereses en el mercado de chocolates, alimentos, oleoquímicas, fertilizantes e insumos agrícolas, combustibles, bancos y servicios financieros.” Prácticamente toda la industria ha sido permeada por el mercado del aceite de palma.

La ley 1133 de 2007, artículo tercero, parágrafo primero, dice textualmente: “Para todos los efectos, se debe entender que los apoyos económicos directos ó incentivos son una ayuda que ofrece el Estado sin contraprestación económica alguna a cambio, por parte del particular. Se entregan de manera selectiva y temporal, dentro del ejercicio de una política pública, siendo potestad del gobierno nacional seleccionar, de una manera objetiva, el sector que se beneficiará con el apoyo económico directo o incentivo y el valor de los mismos, así como determinar dentro de éstos, los requisitos y condiciones que debe cumplir quien aspire a convertirse en beneficiario”.

Los apoyos económicos o incentivos que menciona la ley 1133 suman 900 mil millones de pesos entre los años 2007 y 2008, “ajustados como mínimo por el índice de Precios al Consumidor (IPC) para cada vigencia”, es decir, alrededor de un billón de pesos destinados a la implementación del programa Agro ingreso seguro – AIS, cifra bastante llamativa para los interesados en “promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía” enunciado propósito de la ley, pero que difícilmente estará al alcance del campesino raso o de la población afrocolombiana desplazada del Chocó.


ALGO SALIO MAL

Las buenas intenciones manifestadas por Presidente, Ministros y empresarios palmeros, han resultado en una cadena de hechos que hoy tiene contra las cuerdas a un importante número de empresarios de la palma, 23, a quienes la fiscalía acusa de usurpar tierras valiéndose de los grupos armados ilegales que operan en la región para expulsar de sus tierras estas comunidades.

“En criterio del ente investigador, estas acciones habrían derivado en conductas penales como el concierto para delinquir y el desplazamiento forzado. Con un agravante: la Fiscalía investiga cómo en algunos casos, para adquirir el dominio de las tierras se adulteraron documentos públicos y privados. Asimismo, el organismo encontró que los promotores del proyecto agroindustrial de palma aceitera en el Urabá chocoano también desconocieron la reglamentación ambiental vigente, generando “una alteración en el sistema ecológico de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó”.

“El controvertido proceso de desmovilización paramilitar y la no menos controvertida ‘Ley de Justicia y Paz’ han añadido otro factor importante en esta fase del modelo palmero. En algunos de los proyectos de reinserción, se pretende que los desmovilizados trabajen en las plantaciones palmeras como inserción económica que los saque de la guerra. En ocasiones, no sólo se propone que víctimas y victimarios trabajen juntos ‘en aras de la reconciliación’, sino que, en algunos casos, las víctimas tienen que trabajar como asalariados en las fincas que fueron de su propiedad y que les fueron arrebatadas mediante el uso de la violencia por los mismos paramilitares que ahora se reinsertan.”

“El proceso de desmovilización supone una inyección de dinero público para el desarrollo de nuevas plantaciones de palma en zonas de fuerte presencia paramilitar. Mediante los proyectos productivos de ‘Familias Guardabosques’ o los programas mayoritariamente financiados por la agencia USAID23, vinculados a la desmovilización o a la sustitución de cultivos ilícitos, se están expandiendo las plantaciones de palma aceitera por Santander, Magdalena, Bolívar, La Guajira, Casanare, Cesar, Nariño, Atlántico, Norte de Santander, Córdoba, Antioquia y Chocó.”

Ni los cultivos para producción de biocombustibles ni estos son malos en sí mismos, lo son las condiciones en que se desarrollan, las acciones político-militares emprendidas para apropiarse de las tierras, el desplazamiento de campesinos, la competencia entre combustibles y alimentos que agudiza a extremos inconcebibles la carencia de alimentos para millones de personas, las mentiras ambientales con las que se justifica e impone un rentable negocio, que terminará enriqueciendo a unos pocos mientras arrasa con la flora y fauna de los países “beneficiados.”

De nuestra capacidad para comprender a fondo los efectos de todo orden del boom de los biocombustibles que vivimos dependerá que las características benéficas que estos tienen se puedan aprovechar al máximo mientras se mitigan y controlan los efectos negativos que su producción y combustión tienen. No hay minas con tanto oro.

Recursos:

1. Palmeros rechazan posible veto de UE
2. Europe May Ban Imports of Some Biofuel Crops
3. El “dossier” de los palmeros
4. El flujo del aceite de palma Colombia-Bélgica/Europa
5. Ex primer Ministro de Malasia visita a Colombia
6. Presidente Uribe propone comisión empresarial de Colombia y Malasia

La internacionalización de la Amazonia

Cristovão Buarque

Durante un debate en una universidad estadounidense, el 23 de octubre del 2000, el exgobernador del Distrito Federal y actual ministro de Educación de Brasil, Cristóvão Buarque, fue interrogado sobre qué pensaba de la internacionalización de la Amazonia, una tesis sostenida por los círculos de poder de Washington. El joven que hizo la pregunta dijo que esperaba la respuesta de un humanista y no la de un brasileño. Esta fue la respuesta de Cristóvão Buarque:

De hecho, como brasileño yo simplemente estoy en contra la internacionalización de la Amazonia. Por más que nuestros gobiernos no tengan el debido cuidado con este patrimonio, la Amazonia es nuestra. Ahora, como humanista, sabiendo del riesgo de degradación ambiental que sufre la Amazonia, puedo imaginar su internacionalización, como también de todo lo demás que tiene importancia para la Humanidad.

Si la Amazonia, desde el punto de vista de una ética humanista, debe ser internacionalizada, internacionalicemos también las reservas de petróleo del mundo entero. El petróleo es tan importante para el bienestar de la Humanidad como la Amazonia para nuestro futuro. A pesar de eso, los dueños de las reservas se sienten en el derecho de aumentar o disminuir la extracción de petróleo y de subir o no su precio. De la misma forma, el capital financiero de los países ricos debería ser internacionalizado.

Si la Amazonia es una reserva para todos los seres humanos, ella no puede ser quemada por la voluntad de un propietario o de un país. Quemar la Amazonia es tan grave como el desempleo provocado por las decisiones arbitrarias de los especuladores globales. No podemos dejar que las reservas financieras sirvan para quemar países enteros en medio de la especulación.

Antes que la Amazonia, me gustaría ver la internacionalización de todos los grandes museos del mundo. El Louvre no debe pertenecer apenas a Francia. Cada museo del mundo es el guardián de las más bellas piezas producidas por el genio humano. No se puede dejar que ese patrimonio cultural, como el patrimonio natural amazónico, sea manipulado y destruido por el gusto de un propietario o de un país. No hace mucho, un millonario japonés decidió enterrar su cuerpo con un cuadro de un gran maestro. Antes que eso, aquel cuadro debería haber sido internacionalizado.

Durante este encuentro, las Naciones Unidas están realizando el Forum del Milenio, pero algunos presidentes de países tuvieron dificultades para asistir por restricciones en la frontera de los EE.UU. Por eso yo pienso que Nueva York, como sede de las Naciones Unidas, debe ser internacionalizada. Por lo menos Manhattan debería pertenecer a toda la Humanidad. También París, Venecia, Roma, Londres, Río de Janeiro, Brasilia, Recife... Cada ciudad del mundo, con su belleza específica, su historia, debería pertenecer al mundo entero.

Si los EE.UU. quieren internacionalizar la Amazonia, por el riesgo de dejarla en las manos de los brasileños, internacionalicemos todos los arsenales nucleares de los EE.UU. Ellos ya demostraron que son capaces de usar esas armas, provocando una destrucción millares de veces mayor que las lamentables quemazones hechas en las florestas del Brasil. En los debates los actuales candidatos a la presidencia de los EE.UU. han defendido la idea de internacionalizar las reservas forestales del mundo como canje de la deuda.

Comencemos usando esa deuda para garantizar que cada niño del mundo tenga posibilidad de comer y de ir a la escuela. Internacionalicemos a los niños, tratándolos a todos -no importando el país donde nazcan- como patrimonio que merece cuidarse en el mundo entero, aún más de lo que Brasil merece la Amazonia. Cuando los dirigentes traten a los niños pobres del mundo como un patrimonio de la humanidad, ellos no dejarán que trabajen cuando deberían estudiar, que mueran cuando deberían vivir.

Como humanista, acepto defender la internacionalización del mundo. Pero, mientras el mundo me trate como brasileño, lucharé para que la Amazonia siga siendo nuestra. ¡Sólo nuestra!